Economia
Fin de Promoción Industrial podría generar migración en Cuyo
Más de 40 mil puestos laborales directos y hasta 60 mil indirectos podrían verse afectados en San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca por la inminente extinción de los beneficios impositivos de esta ley.
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Por Emiliano Rodríguez.

Más de 40 mil puestos laborales directos y hasta 60 mil indirectos podrían verse afectados en San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca por la inminente extinción de los beneficios impositivos que otorga la Ley de Promoción Industrial a empresas radicadas en esas cuatro provincias.

Así lo advirtieron empresarios, sindicalistas y trabajadores, que se unieron en los últimos días para reclamar al gobierno nacional una continuidad de los privilegios dispuestos en la norma, que data de fines de la década del ´70.

Es más, tras una serie de encuentros regionales, las centrales obreras de los cuatro distritos dieron plazo a la Casa Rosada hasta el próximo 17 de diciembre para que brinde una respuesta favorable a sus demandas.

Luego, comenzarían a movilizarse y a cortar rutas en la región, con el respaldo de industriales e incluso de legisladores nacionales.

Empresarios y trabajadores reclaman la inmediata puesta en vigencia del postergado decreto 699, firmado por la presidenta Cristina Kirchner en mayo de 2010, o al menos de los artículos referidos a las industrias que ya están funcionando en las cuatro provincias.

Esta norma, además de favorecer a nuevas compañías que se radiquen en Cuyo y Catamarca -exceptuando Mendoza- o que realicen inversiones o ampliaciones de sus plantas, prolonga por dos años (hasta 2014 en este caso) "el plazo de vigencia de los beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), acordados en el marco de la Ley Nº 22.021 y sus modificaciones y extensiones".

El virtual congelamiento del decreto, al que se opone el gobierno mendocino y del cual se comenta en los pasillos de la Casa Rosada que generaría un alto "costo fiscal" para las arcas nacionales, mantiene en vilo a los trabajadores y provocó que el diputado riojano Jorge Yoma (oficialista) fustigara duramente al Gobierno esta semana.

"Dejando a salvo el respeto por la investidura presidencial, creo que en las áreas de Industria y Economía estamos frente a un grupo de mentirosos o de ineptos que no reconoce parangón en la historia argentina", enfatizó el legislador, que llamó a realizar piquetes en la región para exigir la continuidad de la Promoción Industrial.

En las cuatro provincias conviven empresas que emplean en forma directa a unas 45 mil personas, aunque la ley favorece de manera indirecta a unos 60 mil trabajadores más, explicó en declaraciones a Noticias Argentinas el secretario de la Unión Industrial de San Luis, Diego Leal.

"El 76 por ciento de las industrias del país está radicado en la zona metropolitana y las industrias que estamos fuera de la región metropolitana tenemos una desventaja competitiva", dijo Leal, que agregó que existe "una preocupación que es genuina" de parte de los trabajadores sobre la "permanencia" de las fábricas en Cuyo y Catamarca si los beneficios se extinguen.

Al respecto, aseguró que "existe un riesgo cierto de que algunas industrias concentren su actividad más cerca de los grandes centros de consumo, que están muy vinculados al área metropolitana" y añadió que es "por una política de promoción" que esas fábricas se radicaron "lejos de Buenos Aires".

"La extensión de los beneficios -en caso de implementarse el decreto 699- compensan esa lejanía, nuestro compromiso es seguir invirtiendo y seguir estando en los lugares en donde estamos", enfatizó Leal.
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EL DEBATE SOBRE EL "COSTO FISCAL" .

El empresario también refutó el presunto argumento del "costo fiscal" que esgrimen los detractores de la norma: "Si se habla exclusivamente de dinero, nosotros tenemos una estimación que solamente en masa salarial pagada a los trabajadores y en forma directa en las cuatro provincias estamos en el orden de los 4.000 millones de pesos anuales".

"Así que entre comillas, el ´costo fiscal´ si lo hubiera, debe ser la quinta, sexta o séptima parte de eso, si es así", dijo, y agregó: "Si algunas industrias se fueran de las provincias, esos trabajadores, algunos de ellos, pasarían de aportarle al Estado, a través del Impuesto a las Ganancias, del consumo, del IVA y demás, a ser tomadores de servicios del Estado".

Unos 800 millones de pesos anuales son los que estarían en juego, cuando se debate sobre "costo fiscal" de la iniciativa y su impacto en las arcas de la Nación.

La Ley de Promoción Industrial, que quedaría sin efecto el próximo 31 de diciembre, incluye a unas 500 empresas en San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, provincias en las cuales el 92 por ciento de las industrias son pymes.

"Este decreto fue un compromiso que había asumido Néstor (Kirchner) en su momento y que Cristina lo dictó justo para el Bicentenario y hasta se anunció así incluso, como uno de los decretos del Bicentenario", recordó Adrián Nakache, gerente de Contabilidad, Impuestos y Legales de AVH, la principal empresa editora de videos del país.

Para AVH, que emplea a unas 90 personas en forma directa en su fábrica de San Luis, los descuentos impositivos dispuestos por ley ya caducaron a mediados de este año: "La Promoción se nos terminó el 30 de junio pasado y la verdad es que se nos complica mucho el tema de poder hacer rentable la planta".

"El hecho de no tener los beneficios nos haría muy difícil mantenernos en la provincia, por lo menos con el mismo nivel de ocupación que tenemos hoy (...) Hay riesgo de que se produzca alguna adecuación del tamaño de la planta", sostuvo, también en diálogo con NA.

Nakache afirmó que "la piratería", sumada a nuevas tecnologías y costumbres de los consumidores con la irrupción masiva de la internet, se combinaron para asestar "un golpe muy fuerte a la industria", junto con la "la pérdida de estos beneficios" otorgados por la ley.

"Nosotros mantuvimos la mano de obra porque era el requisito fundamental para tener los dos años de prórroga (...) Estamos necesitando que se ponga en vigencia ese decreto y que en definitiva se cumpla con lo prometido", sostuvo.

Pese a la cordial relación que mantienen la Casa Rosada y el mandatario provincial José Luis Gioja, San Juan también se quedaría a fines de año sin Promoción: "No tenemos ninguna duda de que los gobernadores están trabajando, pero falta voluntad política (de parte de la Nación)", planteó Omar Staiger, dirigente de la Unión Industrial sanjuanina.

"El problema es la decisión política que tiene que tener la Presidenta para poder ejecutar este decreto", manifestó, y dijo que sin ley de Promoción, las cuatro provincias corren peligro de "despoblarse".

Buenos Aires, NA,

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