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Aborto: La Pampa avisa que no acatará fallo de la Corte Suprema
Así lo afirmó el ministro de Salud provincial Mario González. Mendoza también se había negado el viernes, mientras que Salta dispuso que haya una "denuncia judicial" para hacerlo.
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Aborto: La Pampa avisa que no acatará fallo de la Corte Suprema
El Gobierno pampeano anunció este fin de semana que no acatará el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció que todas las mujeres violadas pueden abortar sin necesidad de tener una autorización judicial y que reafirmó que los médicos que realicen estas prácticas no pueden ser sancionados.

El ministro de Salud, Mario González, dijo que el fallo de la Corte es "sobre un caso puntual", sobre una violación a una adolescente en la provincia de Chubut, y que no tiene por qué ser acatado por La Pampa.

"Hay que aclarar que es sobre un caso puntual. No es para aplicar en casos similares... Yo no soy abogado, pero los asesores legales nos han dicho que no se puede aplicar en otros casos. Que no afecta o direcciona las políticas del Estado", dijo en declaraciones a la prensa local. El funcionario expresó, contradiciendo a los magistrados del máximo tribunal del país y en sintonía también con la posición de la provincia de Mendoza, que una mujer violada "deberá tener autorización de un juez" para hacerse un aborto en los hospitales pampeanos.

"Insisto, la Corte lo dijo para un caso puntual. Es un fallo para un caso puntual. Sería muy malo que, otro poder, en este caso el judicial, condicione políticas de Estado. No puede", sostuvo el ministro. El ministro dijo que esa posición es la que también sostiene el gobernador Oscar Jorge (PJ), quien en 2007 llegó a vetar uno de los primeros protocolos hospitalarios sobre abortos no punibles para los hospitales.

"Por supuesto (que lo hablé con el gobernador). Yo no soy un librepensador. Formo parte de un gobierno y lo que expreso es la posición del Gobierno", dijo González a DiarioTextual.com. El aborto no punible se encuentra vigente en Argentina desde hace 91 años, aunque en la mayoría de los casos hay jueces que intervienen. La Corte dejó en claro que no corresponde la intervención de un juez y que basta con el pedido de la víctima.

La Corte estableció que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. Los jueces también señalaron la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso.

Además, sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y que se capacite, en este sentido, a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que brinden a toda víctima de violencia sexual la orientación del caso.

MENDOZA TAMBIÉN SE OPONE

El gobernador mendocino, Francisco Pérez, aseguró que en esa provincia no se aplicará la disposición de la Corte Suprema de Justicia respecto a los abortos no punibles y argumentó que "la Nación y las provincias se rigen por leyes y no por fallos judiciales". Pérez sostuvo que en Mendoza seguirá vigente la necesidad de que las mujeres que sean víctimas de una violación y quieran abortar presenten una autorización judicial.

El mandatario mendocino se expresó en sintonía con lo que el martes había dicho su colega salteño Juan Manuel Urtubey, aunque este último al final reglamentó un protocolo que dispone que bastará una denuncia de la víctima y no una autorización para la interrupción del embarazo. "El fallo de la Corte, esto quiero que lo tengan muy presente, es para un caso particular; no se aplica y no es legislación nacional ni legislación provincial", sostuvo Pérez.

"La Provincia y la Nación se rigen por leyes, no por fallos judiciales", remarcó el gobernador mendocino, al tiempo que ratificó la vigencia de la obligatoriedad de judicializar los casos de mujeres violadas que pretenden abortar.

EN SALTA, SE PERMITE CON "UNA DENUNCIA JUDICIAL

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dio marcha atrás con su postura de exigir a las mujeres víctimas de violación una "autorización judicial" para que se les realice un aborto, al firmar un decreto en el que estableció que solo se requerirá una "denuncia judicial" y una "declaración jurada" para la interrupción del embarazo. El mandatario salteño mandó a que se implementen "de manera inmediata" en la provincia las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder al aborto no punible, luego de que la Corte Suprema se expidiera al respecto y estableciera que no era necesario la autorización de un juez.

Tras haber sido objeto de críticas de sectores políticos y sociales de izquierda por desconocer en un principio el fallo de la Corte, Urtubey firmó este jueves el decreto 1170/02, a través del cual instruyó a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos a implementar las guías de procedimiento "para que las víctimas de violación puedan acceder, de manera rápida y segura, al aborto no punible previsto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Según se informó a través del portal oficial del Gobierno salteño, el decreto establece que "las guías de procedimiento prevén que la práctica del aborto no punible se considerará autorizada contra la presentación de la denuncia penal de violación o la declaración jurada". De esta forma, no se exige que la Justicia se expida en torno a la denuncia, ya que para solicitar el aborto solo alcanzará con la presentación ante el magistrado.

El decreto señala además que "no debe recaer en los médicos la responsabilidad de recibir y evaluar declaraciones juradas que refieren a un hecho delictivo y que resulta conveniente para los intereses y la protección integral de la víctima". El gobernador busca resguardar al personal médico y expresa el "derechos de los profesionales a ejercer su libertad de conciencia".

La información oficial difundida este jueves remarcó que para Urtubey, "si bien es competencia de la Corte la interpretación de leyes de fondo, los fallos judiciales sólo tienen efectos obligatorios para el caso concreto". En este sentido, señaló que "la exhortación formulada por el Tribunal constituye una recomendación y, como tal, no tiene fuerza imperativa para las autoridades", por lo que "corresponde que sea la Provincia la que establezca las guías de procedimiento a seguir".

"No obstante ello, no puede soslayarse la importancia institucional del fallo, en atención a la especial naturaleza de la materia y al órgano del que emana", aclara el gobernador. La postura inicial de Urtubey fue cuestionada este jueves por varios dirigentes políticos. Es que el salteño dijo este miércoles que en su provincia sería "obligatoria" la autorización judicial. Por esas expresiones, el diputado nacional de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, lo calificó de "conservador y antidemocrático" y lo acusó de protagonizar un "acuartelamiento" en contra de la Corte Suprema de Justicia.

Santa Rosa, Mendoza y Salta, NA.

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