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También imputaron a Arribas y Majdalani por la venta irregular de armamento en la AFI

En la denuncia por la venta de escopetas, revólveres y pistolas a precio irrisorio a funcionarios y agentes en actividad.

El fiscal federal Ramiro González imputó hoy a los ex jefes de la AFI durante la gestión de Juntos por el Cambio, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

En las diligencias probatorias del escrito judicial, el fiscal solicitó que se encomiende una tasación o estudio de la especialidad con el objeto de determinar el valor de mercado de las armas comercializadas a la fecha de los hechos.

También pidió consulta a la Agencia Nacional de Materiales Controlados para saber si los organismos estatales están facultados a comercializar sus armas entre sus funcionarios y agentes.

Es por la venta de 290 armas, entre ellas escopetas, pistolas y revólveres Beretta, Glock y otras de colección.

El fiscal imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.

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La causa se abrió por la denuncia que hizo la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, quien afirmó que "se autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico".

La denuncia hace referencia a dos resoluciones dictadas por Arribas en 2017 y 2018, las cuales permitieron la venta a precio "irrisorio" a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas "aptas para el disparo y utilización".

Se trata de 73 agentes que compraron armas a precios que no alcanzarían "el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal", según la denuncia de Caamaño, en la que se destaca la transacción de armas de colección difíciles de conseguir en el mercado, como los Ruger y Colt Trooper.

A su vez, la AFI denunció que "permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per sé una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad".

El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.

BUENOS AIRES, NA
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