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Demagogia peronista o realidad económica

La tesis demagógica planteada por Alberto Fernández con la que encararía la situación pandémica de Argentina tenía una tendencia a fallar desde sus inicios. Su argumento de “prefiero 10% más de pobres que 1000 muertos" hace caso omiso a la realidad del país y los resultados se lo están haciendo ver, por más que no quieran aceptarlo.

Me recuerda a una de la grandes frases dicha por Churchill: “Les dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, eligieron el deshonor, y ahora tendrán la guerra”. Por evitar hacer frente a esta pandemia y buscar protocolos de acción que permita cuidar a los ciudadanos y, al mismo tiempo, cuidar la economía, ahora vemos un aumento de la tasa de contagios del primer grupo y un aumento en las solicitudes de rescate financiero, ya que las empresas no pueden hacer frente a sus obligaciones. Quisieron actuar como Noruega, cuando la economía argentina se parece más al de un país africano.

Fernández está cayendo en el típico efecto que los intelectuales del negocio llaman “miopía del producto”. Está tan enamorado de la cuarentena y las facultades de poder que esta le brinda, que no logra ver los desastrosos efectos que tendrá para nuestra economía.

En este punto, comparto ciertas cifras para que podamos entender mejor lo antes dicho: en abril, la fabricación de autos en todo el país tuvo CERO producción. Para encontrar estos datos, tendríamos que retroceder 60 años en el tiempo. En ningún país del mundo, ni en los más afectados por el virus, sucedió esto. Por el lado de la pobreza, estimaciones privadas de consultoras económicas proyectan un aumento muy superior al 10% estimado del presidente. Los peores escenarios nos ubican en un aumento del 20% de dicha tasa, lo que equivale a 8.800.000 de nuevos pobres, que se sumarían a los 15.400.000 ya existentes.

Más allá de eso, 11.000.000 de personas pidieron el asistencialismo estatal del IFE, los comedores públicos pasaron de 80 personas que alimentar, a 300 personas. Se estima que 25.000 comercios de comida podrían cerrar a corto plazo a causa de poseer cero ventas. La producción de cemento cayó en un 50%, las empresas de turismo están al borde de la quiebra, profesionales que viven del trabajo diario, como los peluqueros, están desesperados por volver a trabajar.

Las necesidades propias de la realidad, cachetearon la tesis demagógica planteada por el presidente, y ahora, quienes pagarán los platos rotos, serán los ciudadanos que lo único que quieren es volver a trabajar. Siempre fue así, los políticos se equivocan y se van, pero quienes siguen luchando son los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos.

Con respecto a la asistencia financiera para el trabajo y la producción antes mencionada, hay un punto que no debemos dejar pasar. Hace unos días, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, propuso que el Estado nacional debería quedarse con parte de las empresas a las que ayuda con fondos para superar la crisis profundizada por el coronavirus.

“Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.

La diputada Vallejos no sólo cae en un ataque directo hacia la propiedad privada, uno de los pilares fundamentales del desarrollo de toda sociedad, sino que también cae en la fatal arrogancia de no aceptar que si hoy hay empresas desesperadas por un crédito a bajas tasas es porque por ley y manipulación de la fuerza estatal, mantuvieron encerrados durante 60 días a los trabajadores. A diferencia de los funcionarios públicos y los congresistas, el trabajador privado no cobra si no trabaja. Eso es algo que deberíamos recordarle a la clase política

Ahora preguntémonos, ¿esta medida planteada por Vallejos debería preocuparnos? La realidad es que si hacemos un revisionismo histórico del accionar del kirchnerismo, la respuesta es sí. En 2012, el gobierno tenía en elaboración un proyecto de ordenamiento territorial que, de ser convertido en ley por el Congreso, le hubiese conferido al Estado atribuciones extraordinarias sobre la propiedad privada de la tierra. En resumen, facilitaría las expropiaciones si lo amerita el interés colectivo, que es, a juicio del texto oficial, el bien superior al cual estarán sujetos el uso y la propiedad del suelo.

Esta iniciativa constituye un eslabón más, junto con las reformas que impulsa el gobierno en sectores sociales, culturales, educativos, económicos, financieros y demás, en su estrategia de "moldear un nuevo modelo de país" acorde con el relato kirchnerista. Esto implicaría una fuerte restricción de los derechos individuales con el Estado como protagonista.

Con la excusa de la solidaridad y el bienestar del colectivo por sobre el individuo, el oficialismo vuelve a avanzar contra la propiedad privada, tal cual lo hizo durante los 12 años que gobernó el kirchnerismo.

Pueden decir lo que quieran y después negarlo, sin embargo, la realidad es una sola. Argentina se dirige a una de sus peores crisis en la historia. No debería sorprendernos en absoluto que el golpe económico y social que nos viene sea mucho peor que la crisis de 2002. No solo por la falta de trabajo, la caída en la producción y la falta de crédito internacional, sino también por el alocado ritmo de emisión monetaria, que sin duda se intensificar a futuro. Actualmente el gobierno no quiere darse cuenta que NADIE quiere pesos. Frente a esto, la demanda de moneda de curso legal es mínima en comparación a la increíble emisión de billetes que está desarrollando el gobierno, acción que de una u otra manera repercutirá en un alza considerable de los precios de los productos y una fuerte devaluación del peso frente al dólar.

En este contexto, para salir de la actual crisis, Argentina deberá cambiar completamente de rumbo. En vez de aumentar impuestos y agrandar el aparato estatal, nuestro país debe achicar significativamente el tamaño del Estado para bajar en forma significativa y permanente el gasto público, y así poder reducir la presión tributaria, quitándole de encima a los trabajadores la carga de mantener un estado elefantiásico que favorece a la política y no a los ciudadanos. Es imprescindible que el poder político escuche al pueblo y desarrolle una fuerte reforma del sector público y una ambiciosa reforma tributaria para estimular la oferta agregada y permitir que Argentina vuelva al sendero del crecimiento.

Es inevitable la necesidad de reabrir la economía y hay que adaptarse al contexto que hoy toca vivir y evolucionar a partir de ello. Lo hemos hecho desde el inicio de los tiempos y hoy contamos con tecnología, salud, seguridad, organización social, investigaciones avanzadas con respecto a un potencial tratamiento de cura, etc. Encerrar a toda la población nunca sirvió de nada, es mejor mutar a una cuarentena verticalista que permita trabajar a quienes menos probabilidades de contagios poseen y quienes más defensas ante el virus presentan, que básicamente es toda la población menor de 55 años.

Los datos son los que son, el gobierno falló en su análisis de predicción. Si los números de marzo fueron malos, no duden que los de abril serán 2 o 3 veces peores. Mientras, el oficialismo avanza sobre la actividad privada y las libertades individuales. La combinacion es explosiva.

La economía del país está tan débil como un paciente crónico contagiado de Covid 19. Corresponde cuidarla también.

BUENOS AIRES, NA
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