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Acusan a cinco ciudadanos chinos por hackear a más de 100 compañias e instituciones de EEUU

Estas acusaciones se enmarcan en un esfuerzo de la administración Trump para denunciar los delitos cibernéticos de China, que ya fue acusada en anteriores oportunidades.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó hoy que acusó a cinco residentes chinos y dos empresarios malayos que estarían relacionados a un ataque informático a gran escala. Según los fiscales federales, habían sido acusados de piratear más de 100 empresas de desarrollo de software, fabricantes de computadoras, proveedores de telecomunicaciones, empresas de redes sociales, empresas de videojuegos, organizaciones sin fines de lucro, universidades, think tanks, así como gobiernos extranjeros y políticos y activistas prodemocracia en Hong Kong.

Mientras los cinco acusados siguen prófugos, los dos empresarios malayos que están señalados por conspirar con los presuntos piratas informáticos para lucrarse con los ataques a empresas de videojuegos fueron arrestados en ese país esta semana y enfrentan un proceso de extradición.

Estas acusaciones se enmarcan en un esfuerzo de la administración Trump para denunciar los delitos cibernéticos de China, que ya fue acusada en anteriores oportunidades. Mientras, China ha negado sistemáticamente las afirmaciones de que piratea empresas, políticos o agencias gubernamentales estadounidenses.

Según los funcionarios de Estados Unidos, el esquema de piratería fue de amplio alcance y estuvo dirigido a varios sectores comerciales y académicos y fue llevado a cabo por un grupo conocido como APT41. Dicen que se parecía a otros esquemas de piratería de China que se llevan a cabo a instancias del gobierno, o al menos con su aprobación.

El fiscal general adjunto Jeffrey Rosen dijo que uno de los cinco acusados le dijo a un colega que estaba muy cerca del Ministerio de Seguridad del Estado de China y que estaría protegido “a menos que suceda algo muy importante”.

“Sabemos que las autoridades chinas son al menos tan capaces como las autoridades policiales aquí y en estados con ideas afines para hacer cumplir las leyes contra las intrusiones informáticas. Pero eligen no hacerlo”, dijo Rosen.

BUENOS AIRES, NA
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