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Freno al aporte a las grandes fortunas: el oficialismo duda sobre su sanción en el Congreso

La iniciativa ya tiene dictamen de comisión pero podría ser absorbido por la Reforma Tributaria, en línea con lo que pedía un sector de la oposición. 

Por Sebastián Hadida

Con el pie en el freno, y con el respiro que le dio la aprobación de una ley siempre compleja y engorrosa como la de Presupuesto, el oficialismo encara la recta final del año con serenidad, calculando cuáles son las "batallas" que vale la pena librar.

En ese sentido, el proyecto que ahora quedó en suspenso es el que propone crear un "aporte solidario y extraordinario" a las grandes fortunas, iniciativa que ya tiene dictamen de comisión y que aún despierta mucho ruido mediático y político.

En estas horas se analiza si este proyecto, que para la oposición constituye un "impuesto" a los ricos, y cuyo dictamen ya está listo y en cola de espera para entrar al recinto hace semanas, podría ser absorbido por la reforma tributaria, que entraría en un lapso de entre 15 y 20 días.

El diputado radical Alejandro Cacace hace meses viene planteando, con discusiones al interior de su interbloque, que está de acuerdo con percibir ingresos extraordinarios a los sectores que concentran las mayores fortunas del país, pero sin necesidad de crear un nuevo impuesto.

Lo que planteaba el legislador puntano era generar una sobretasa a Bienes Personales -tributo que tiene una base imponible similar a la que se propone con el aporte solidario a las altas fortunas- y una escala diferente del impuesto a la cuarta categoría de Ganancias.

Hoy las acciones del "Plan Cacace" cotizan en alza y en breve podría haber novedades en esa dirección.

Si el Gobierno de Alberto Fernández decidiera dar por concluido el capítulo del "impuesto a las Ganancias" con el propósito de no introducir a fin de año un tema que genera rispidez y desconfianza en el Círculo Rojo, el kirchnerismo duro -de la mano de Máximo Kirchner- habría perdido una batalla simbólica, con la sensación de haber gastado pólvora durante meses en un debate infructuoso.

En el almuerzo que pasado 27 de octubre en la Casa Rosada, Alberto Fernández y Sergio Massa coincidieron en impulsar sesiones extraordinarias para sacar todas las leyes que queden fuera del período de sesiones ordinarias.

Algunos temas, de todos modos, quedarán forzosamente fuera del 2020 por falta de tiempo, y en ese sentido lo que define ahora es el orden de las prioridades.

La designación de Daniel Rafecas como procurador general rankea en punta en la consideración del Gobierno, a la espera de que Juntos por el Cambio defina si acompañará el pliego en el Senado: el apoyo es clave ya que se necesita una mayoría especial de dos tercios y el Frente de Todos no tiene ese número por sí solo.

En Diputados, aparecen temas largamente postergados como la creación del Consejo Económico y Social, propuesta que en la última semana Alberto Fernández desempolvó con la idea de volver a la agenda de consensos con la que arrancó su gestión en el plano de las promesas.

También está pendiente la ley de movilidad previsional para reemplazar a la suspendida fórmula del macrismo, y por supuesto la ley de aborto.

Sectores del Gobierno que militan la causa verde habían dejado trascender que el envío del proyecto era inminente, en coordinación con la estrategia de reactivación de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, que exigen que el tratamiento no pase de este año.

Pero el entusiasmo se desinfló cuando Massa postergó hasta nuevo aviso las audiencias que habían solicitado previamente tanto el sector verde como el celeste, y que estaban previstas para el miércoles pasado.

Ese día el recinto estaba en sesión, debatiendo el Presupuesto, y no hubo forma de compatibilizar las dos agendas: la Campaña por el Aborto Legal quedó molesta con Massa por una nueva dilación y emitieron un comunicado pasando factura.

El colectivo por el Aborto Legal responderá en la calle el próximo miércoles con una Caravana Verde de Plaza de Mayo al Congreso, y jugará sus fichas a meter presión a las autoridades a través de una fuerte puesta en escena, pese al actual contexto de aislamiento social obligatorio.

BUENOS AIRES, NA
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