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Un desafío pendiente de implementación

Por Silvia Giacoppo.

El 23 de junio de 2016 se constituía por primera vez el Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, definido -en el art. 18 de la Ley N° 26.364- como "un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el impulso y seguimiento de todos los temas vinculados a la implementación de la normativa en materia de trata de personas".

Así por fin, se daba cumplimiento al mandato legal de su creación, el cuál se encontraba pendiente desde abril de 2012.

Este Consejo funciona dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuenta con una coordinación nacional, actualmente a cargo del Ministerio de Justicia, está integrado por 39 miembros establecidos en la ley (por el ejecutivo hay ocho representantes, siete ministerios y una Secretaría (SENAF), un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante del Poder Judicial, un representante de la Procuración General de la Nación, veinticuatro representantes de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres organizaciones de la Sociedad Civil).

Cuenta, además, con la participación activa de 6 invitados permanentes: la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Cordinación del Comité Ejecutivo.

Para poder empezar a funcionar, el consejo dictó su propio reglamento, estableció el mecanismo de selección, eligió a su coordinadora nacional y constituyó las cinco comisiones de funcionamiento interno (I-Para la prevención del delito de trata de personas; II- Para la persecución y sanción a los responsables del delito de trata de personas; III- Para la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, IV- De informe anual y V- Comisión Permanente de Supervisión de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados).

Hacia fines de 2019 este consejo había logrado reunirse doce veces, dos veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una vez en las provincias de: Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Juan, Neuquén, Mendoza, Misiones, Chubut y Jujuy.

El consejo trazó una hoja de ruta poniendo a las víctimas en el centro, a través del diseño de políticas que aseguraran su protección y asistencia; y la promoción de estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que garanticen el respeto a los derechos.

Con la vocación de ser un llamado permanente a la acción, entre otras cosas, el consejo aprobó el Plan Nacional Bianual para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 2018-2020, que fuera elaborado por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas; Presentó dos informes anuales de gestión al congreso; Aprobó una Guía de buenas prácticas para allanamientos elaborada en forma conjunta entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y la PROTEX, que luego fuera firmada, por los Ministros de Justicia y de Seguridad y el Procurador General de la Nación; Aprobó la implementación del SISTRATA, que es el sistema de información criminal del delito de trata de personas, el cual reunió en una única base todas las tareas ordenadas por la justicias a las fuerzas provinciales y federales vinculadas al delito de trata de personas, en la actualidad ya ha registrado más de 50.000 tareas, a este sistema ya han adherido 22 provincias; Aprobó y difundió conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Guía de Recomendaciones para periodistas en la difusión de noticias sobre casos de trata y relación con las víctimas.

Culminó el proceso de relevamiento de fichas de asistencia sobre recursos en las provincias, lo que permitió que la OIM desarrollara una plataforma de carga de datos sobre víctimas asistidas, en colaboración con SENAF y las provincias, que recibió el nombre de REDAVIT, registro de asistencia a víctimas, estableciéndose de esta manera un estándar metodológico estadístico tabulado en tiempo real, a fin de mejorar el trabajo articulado de los diferentes puntos focales de asistencia provinciales; Inició un trabajo de articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover recomendaciones, vinculadas al fortalecimiento del proceso de restitución de derechos, a fin de garantizar la participación de la víctima en el proceso judicial, y la localización e identificación de la víctima.

Elaboró el proyecto de la Ley Nº 27.508 de creación del Fondo Fiduciario para Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas, que impulsada por el Ejecutivo Nacional, fue aprobada con 183 votos positivos, uno negativo y ninguna abstención el 26 de junio de 2019.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debía aprobar el Contrato de Fideicomiso dentro de los treinta (30) días de aprobada la reglamentación de la ley, la cual fue reglamentada el 6 de diciembre, por el Decreto N º844/19. Dado el tiempo transcurrido, debiera haberse conformado la Unidad Ejecutiva, en el Ministerio de Justicia de la Nación, con rango de dirección Nacional, sin embargo el organigrama del ministerio no parece dar cuenta de esta estructura, tan necesaria para poner en marcha el fondo fiduciario.

Los miembros del Consejo, tampoco hemos sido convocados ni una vez, desde el inicio de la actual gestión, no desconozco el contexto en el que estamos inmersos, pero una convocatoria virtual hubiera sido una excelente señal. El delito de trata no se detiene con la pandemia, los desafíos que los escasos refugios que tenemos deben estar afrontando, sin duda deben de haberse incrementado, la modalidades para la explotación seguramente se habrán reconfigurado, las posibilidades de comunicación de las víctimas se han limitado aún más, asi como las posibilidades de la detección temprana, más que nunca necesitamos trabajar colaborativamente y el consejo es un espacio que ha demostrado ser muy propicio para ello.

El marco normativo, que se ha generado en la anterior gestión de gobierno, ha constituído un nuevo escenario para la administración de los bienes provenientes de este delito, a fin de que estos, sean destinados a reparar los daños causados a las personas por la explotación.

Nos hemos quedado sin excusas, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, reafirmo mi compromiso, como representante del Senado de la Nación en el Consejo Federal, con el trabajo diario y el fortalecimiento institucional, que permitirán garantizar, la restitución de los derechos, de las personas que hayan sido afectadas por este aberrante delito.

Por Silvia Giacoppo, senadora Nacional por Jujuy y miembro del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de personas.

BUENOS AIRES, NA
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